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La comparación entre un bebé y un lince protegido sirve para que la Iglesia católica ponga en marcha una campaña publicitaria en favor de lo que considera defensa del derecho a la vida humana.
Con esta iniciativa la Conferencia Episcopal vuelve a la guerra contra el Gobierno socialista que tiene preparada una reforma de la ley del aborto para llevarla al Parlamento próximamente. Pero también se opone a procedimientos médicos como el que ha servido a una familia andaluza que ha tenido un hijo para, mediante la utilización de sangre del cordón umbilical de este último, conseguir la curación de su hermano mayor, afectado por una enfermedad congénita incurable por los medios tradicionales.
La comparación es asimétrica, tramposa, porque no se puede trasladar el mensaje de que se protege más la vida de un cachorro lince que la vida de un niño. Esto es manipulación y demagogia pura. En todo caso, podría haber comparado al citado lince con un embrión o con un feto que no pase de 14 semanas, límite general que establece el proyecto de reforma de la ley del aborto para que una mujer pueda interrumpir su embarazo libremente.
Tardaba mucho la Iglesia en buscar el enfrentamiento con el Ejecutivo. Después de conseguir, al finalizar la anterior legislatura, una muy favorable financiación del Estado, la tregua política ha terminado.
Sin embargo, el poder público debe cumplir su programa de gobierno y seguir legislando para todos los ciudadanos. Esa es su obligación. La Iglesia tiene derecho a manifestar su posición como cualquier otro grupo de presión, pero los poderea públicos deben evitar dejarse influir por la doctrina de cualquier confesión religiosa a la hora de legislar. Lo deseable es que su doctrina la circunscriba a las iglesias, conventos y demás ámbitos de actuación que le son propios. Que los ciudadanos se sometan o sean amparados por la ley obligatoriamente, y voluntariamente a las doctrinas religiosas de acuerdo con sus convicciones. Nadie va a impedir que los católicos sigan las directrices de la Iglesia pero de ninguna manera es permisible que estas sean obligatorias para todos los ciudadanos, sean o no católicos. De aquí a la asunción de un régimen político religioso -tan censurable como lo es el islamista iraní- sólo hay un pequeño paso.
En el fondo, la Iglesia vuelve a traer el debate de los años ochenta del pasado siglo: el instante del comienzo de la vida humana. ¿El cigoto es un ser humano? ¿Y por qué no ir a momentos antes y pensar que cada espermatozoide es también un proyecto de vida humana aunque sea condicionado? ¿Y el embrión? ¿Lo es el feto? ¿Y este a qué número de semanas se puede considerar como vida humana? ¿Cuándo es ya viable esa vida humana?
Desde el punto de vista de defensa de la vida humana, es mucho más importante, por ejemplo, evitar que el sida lleve a la muerte a millones de personas -estos sí que son seres humanos-, como ocurre en África. Mientras tanto, el papa Benedicto XVI condena la utilización del preservativo, una solución que, está demostrado, impide la infección del virus asesino en muchas personas, y aboga por soluciones de tipo moral, como la abstención en las relaciones sexuales. Tal vez debiera la Iglesia hacer un ejercicio introspectivo para ver cómo clérigos proxenetas han influido en la vida de muchas jóvenes personas y cómo ha utilizado todo su poder -incluido el económico- para tapar estos escándalos sociales.
Lo que pasa en España con la Iglesia católica no ocurre en ningún otro país occidental avanzado. Deben estar pensando que España ha de seguir siendo "martillo de herejes". Si creen en la doctrina de Jesús -cosa que cada vez dudamos más- debieran seguir la máxima cristiana que encarna como ninguna otra la separación de poderes: "dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César". Pues eso.
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