Ya hay acuerdo. El Gobierno español y las Comunidades Autónomas han conseguido cerrar el sudoku de la nueva fórmula de financiación autonómica con un acuerdo que parece satisface a unos y no tanto a otros.
El nuevo sistema, que viene discutiéndose primeramente entre el Estado y Cataluña por el mandato que el estatuto reformado aprobado el año pasado impuso a ambas administraciones, se basa, fundamentalmente, en la cesión de impuestos por parte del Estado a las Comunidades Autónomas en los siguientes porcentajes: 50% de la recaudación por el IRPF; 50% por la recaudación del IVA y 58% por recaudación de impuestos especiales.
El reparto se hará teniendo en cuenta diversas variables que afectan en más o menos grado a unas u otras Comunidades Autónomas: la cantidad de población es la más importante; también se tiene en cuenta la dispersión de la población en el territorio; asimismo, se valorará la cantidad de población mayor y dependiente existente; se tendrán también en consideración la necesidad de impulsar el conocimiento de la segunda lengua oficial de la Comunidad, si la tuviere.
Las ventajas sobre los sistemas anteriores serán muchos, entre otros, la estabilidad que se pretende -aunque el PP ha anunciado que cambiará el sistema si llega al poder- y que, si bien no se puede considerar inamovible, como todo en política, sí va a suponer un anclaje bastante firme del sistema de financiación para el estado autonómico que, después de superar los 30 años con la Constitución de 1978 rigiendo nuestras vidas, no había conseguido establecer un sistema estable con perspectiva de estabilidad.
Sin embargo algunos peros tiene la nueva fórmula. Uno de ellos es la reducción de capacidad que el Gobierno central va a sufrir cuando la necesidad nacional obligue -esta crisis económica lo pone de manifiesto-, al perder una gran parte de los recursos que recauda en aras de otras administraciones cuyos gobiernos autonómicos tienen, en muchos casos, intereses no coincidentes con los del Estado.
Además, el peligro está a la vuelta de la esquina: los gobiernos de las Comunidades Autónomas se verán tentados a ampliar la burocracia para extender su poder e influencia -política partidista- en vez de incrementar los servicios y la calidad de éstos que el ciudadano reclama constantemente.
Por eso, es absolutamente necesario involucrar a los gobiernos autonómicos en la responsabilidad de la recaudación de impuestos, así como profundizar en el seguimiento y frecuente evaluación de los servicios, inversiones y demás gastos que se acometan con el dinero que se derive de este acuerdo político, que sólo falta materializarlo legalmente reformando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que las Cortes acometerán en el próximo otoño.
El siguiente reto será abordar el problema de la financiación de los municipios, el tercer pilar del Estado, que son quienes realmente sufren los problemas de los ciudadanos directamente. Ya veremos si los Gobiernos de las CC AA asumen esta responsabilidad con la decisión que el Gobierno central ha demostrado para con ellas. Cuando llegue ese momento habremos pasado del sudoku al cubo de Rubik y, quizá sea entonces cuando, por fin, todos estemos de enhorabuena.
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