Juan Carlos I de Borbón, rey de España
Iñaki Urdangarin, yerno del Rey Juan Carlos, ha entrado en el amplio club de los presuntos corruptos que todavía proliferan como setas por España. Desde el año 2006, utilizando la influencia que da la vinculación familiar con la Corona, y a través del Instituto Nóos, ha cobrado múltiples cantidades de dinero procedentes de la Comunidad autónoma de Valencia y de la Comunidad autónoma de Baleares, por organizar falsos o nimios eventos públicos como congresos, conferencias multitudinarias, hacer informes sobre temas ficticios o sin contenido real...
Cuando el rumor de tales prácticas presuntamente delictivas comenzó a circular por la red y por algunos medios de comunicación, el Rey encontró para el, en otra hora, llamado "yerno perfecto", un empleo de élite en Telefónica -¿por qué esta gran empresa tiene que 'alimentar' en su seno a tantos sátrapas españoles?-, con un bonito sueldo anual de 700.000 euros, que para sí quisieran muchos de sus expulsados, desvinculados o prejubilados empleados: Encargado de asuntos internacionales de la compañía, con sede en Washington, lejos de los focos de la prensa. Y todo ello, teniendo en cuenta que Iñaki ni siquiera tiene estudios universitarios, salvo que se considere como tal haber sido un destacado jugador de balonmano del Barcelona CF y de la selección nacional. Mucho nos tememos que el "todos somos iguales ante la ley" -Juan Carlos Rey, dixit- es una frase que mueve al personal a emitir una sonora carcajada, y más viniendo de una persona que ostenta una magistratura donde la desigualdad es su esencia, ¿o acaso puede cualquier español o española alcanzar esa distinción de acuerdo con sus méritos?
Iñaki Urdangarin y su esposa la infanta Cristina de Borbón
El asunto, como no podía ser menos, y aunque tarde, ha salpicado a la institución, que desde los primeros años de la democracia gozaba de una buena nota en el escalafón de simpatías de los españoles. Pero todo se está derrumbando como un castillo de naipes por la avaricia del yernísimo y su esposa, la infanta Cristina, que no puede alegar desconocimiento del asunto, pues en algún momento ha tenido que preguntar a su marido de dónde le llegaba tanto dinero al margen de la asignación que le hacía la Casa Real por su condición de infanta de España. Así pues, mientras Urdangarin permanece en EE UU, y su suegro ha retirado al matrimonio de los duques de Palma de actos representativos de la monarquía, la justicia sigue su lento caminar y muchos auguran que el presunto manejador de influencias va a ser imputado en próximos días por alguno o algunos de los delitos que colorean el panorama de la corrupción en el Código penal de nuestro país.
Estas actuaciones presuntamente delictivas han abierto el melón del debate sobre la Monarquía en España. ¿Son monárquicos los españoles, o solo son juancarlistas? ¿No es más democrático un sistema republicano? ¿No es más igualitario este sistema que el monárquico? ¿No vamos los españoles en contra de los tiempos manteniendo a la Corona como la más alta representación del Estado? ¿Acaso no es más barata una República?
La verdad es que España entera tragó con carros y carretas en los primeros años de la Transición a la democracia -entre 1975 y 1982, más o menos-, porque la debilidad de quienes no habían comulgado y combatieron al régimen franquista y a los poderes fácticos de la época -Ejército, Iglesia, Banca, grandes empresarios, medios de comunicación- y rechazaban los valores que encarnaba su levantamiento militar del 18 de julio de 1936 y los 40 años de dictadura que instauró, no permitieron liderar una ruptura que diera a luz un régimen democrático limpio, depurado, con un sistema político republicano que fue el último realmente legitimado por el levantamiento popular del 14 de abril de 1931 que dio paso a la Segunda República.
La realidad, pues, es que Juan Carlos fue designado por el dictador. Y no podemos olvidar que, al igual que muchos altos funcionarios del Estado del momento -por ejemplo los jueces-, también juró los Principios Fundamentales del Movimiento, armazón constitucional esencial del régimen franquista, que no reconocía ni garantizaba los derechos y libertades fundamentales de las personas ni se detenía un momento en hablar de democracia, bestia negra del sistema totalitario impuesto. No se dio a elegir a los españoles entre Monarquía y República, y esto fue un error político de primera magnitud que impregna negativamente al sistema democrático que nos hemos dado. La Corona no fue refrendada por el pueblo de forma directa. Solo lo fue indirectamente a través del referendo de aprobación de la Constitución de 1978 -Título II, Artículos 56 a 65-, celebrado el seis de diciembre de este año. Pero tampoco, después de acceder al Trono a la muerte del dictador, hizo renuncia expresa del juramento que había formulado. En definitiva, los españoles le dimos hecha la Transición al Rey Juan Carlos.
Por otro lado, tampoco está absolutamente claro -la Historia lo juzgará pasado el tiempo- que su actitud fuera absolutamente comprometida con la democracia y la Constitución en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981, con motivo del golpe de Estado que tuvo al teniente coronel Tejero como primera figura protagonista -pero no la más importante-, y como icono del levantamiento militar, con su mano alzada empuñando una pistola, mientras tomaba el Congreso de los diputados con sus guardias civiles.
Si, además, es cierto lo que han publicado algunos medios de comunicación como las revistas Forbes en 2003, y Eurobusiness, según las cuales, el Rey era uno de los dirigentes mundiales más ricos del mundo, con 1.790 millones de euros en su patrimonio, la Monarquía española está tocada y herida, independientemente de que su actuación política como representante del Estado haya sido, en términos generales, correcta.
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, heredero del trono español
La Casa Real ha expuesto a la opinión pública, hoy, sus presupuestos, lo que le asignan anualmente las Cortes, y la distribución que hace entre las diferentes instituciones que la componen, servicios y funciones. Después de 36 años de opacidad, a nadie se le oculta que esta iniciativa está relacionada con el caso Urdangarin. Pero parece extendida en la opinión pública la idea de que esto no es suficiente, porque nadie se cree que el Rey no disponga de un patrimonio mayor que el asignado por las Cortes. Y la confianza, ese concepto psicológico que Rajoy y el PP han elevado a categoría política para desgastar al gobierno socialista en los últimos meses, no está instalada en los entresijos del poder y las cosas internas que conciernen a la Corona. Por eso, la institución va a tener difícil remontar vuelo en un futuro próximo y el Príncipe de Asturias -gran perjudicado por el caso Urdangarin, su cuñado- ha de trabajar mucho para ganarse la adhesión y el respeto de los españoles y alcanzar el destino que espera para el que se está preparando.
Por otro lado, comienza a ser vomitiva la actitud generalizada de la prensa española de todo tipo que practica la permanente loa a la forma de hacer de la Corona y exhiben la correspondiente sumisión y genuflexión al poder del Rey, tic que todavía no hemos erradicado después de 40 años de dictadura. Tanto si es resultado de las directrices de los propietarios de estas empresas, como si se trata de autocensura de los profesionales, la cuestión es de auténtica preocupación, porque el artículo 20 de la Constitución que recoge el derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho de información, pilares básicos del estado democrático, están en cuestión.
Mientras tanto, el Rey haría bien en hablar menos de "igualdad de todos los españoles ante la ley", y abrir las puertas y ventanas de La Zarzuela para que la transparencia y claridad se instalen en la Casa Real y los malos efluvios que ahora desprende la Monarquía española desaparezcan. Es lo que le conviene a España, es lo que esperan los españoles.
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