lunes, 28 de junio de 2010

Habemus sentencia


El recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Autonomía de Cataluña formulado por el PP, el Defensor del Pueblo y alguna Comunidad Autónoma, ya tiene sentencia. El Tribunal Constitucional, por fin, se ha puesto de acuerdo esta tarde y ha votado, por partes, la última ponencia -¿la octava?- que, en esta ocasión, fue redactada por su presidenta, Emilia Casas.

En este enlace del diario digital de El País se recoge ampliamente los detalles más importantes de la sentencia que todavía se estaba redactando hace unas horas y que admite parcialmente el recurso de inconstitucionalidad.


http://www.elpais.com/articulo/espana/Constitucional/refrenda/mayor/parte/Estatuto/Cataluna/declara/inconstitucionales/articulos/elpepuesp/20100628elpepunac_7/Tes



Serán muchas las noticias y discusiones que sobre tal sentencia inunden las hojas de la prensa escrita, de la prensa digital, los micrófonos de las emisoras de radio y las cámaras de televisión. Los políticos, tertulianos y demás opinadores se enzarzarán en auténticas peleas dialécticas sobre uno u otro concepto cuestionado. Será difícil separar el grano de la paja en este debate interpretativo tan complejo y tan cargado ideológicamente. Pero sí estoy seguro de algo: todos dirán que sus tesis han sido validadas por el Tribunal Constitucional. Tal vez, solo los partidos políticos nacionalistas y catalanistas de Cataluña estén en contra o eleven la voz por encima de lo normal porque dentro de unos meses tienen elecciones autonómicas.

Sin embargo, tras cuatro años de tensión por cuestionamiento de magistrados del TCE y por la falta de resolución, la verdad es que el simple hecho de que ya exista sentencia va a ser un auténtico bálsamo, una liberación, para el Gobierno español, para el PSOE, para el PP, para el mismo Tribunal Constitucional y, a corto plazo, también para el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y hasta para el mismo Gobierno catalán que ha de desarrollar el nuevo Estatuto y a partir de ahora sabrá a qué atenerse.

Mal estaría que el Presidente Montilla y el PSC se pasaran de rosca y fueran mucho más allá de lo que es razonable protestar habida cuenta que las elecciones autonómicas están ahí. Sería un grave error de Montilla y del PSC enarbolar la bandera del nacionalismo catalán para enfrentarse directamente al Estado. Los socialistas catalanes deben recordar muy bien quiénes conforman su base electoral e, incluso, su base social. Sucedáneos del nacionalismo no suelen ganar votos porque los electores prefieren elegir 'productos auténticos'. Si el PSC continúa en su línea 'pseudonacionalista' perderá las elecciones autonómicas claramente, favoreciendo a CIU y al PP, que recogerán los votos de los nacionalistas catalanes y la de los socialistas desencantados respectivamente.

El Presidente Zapatero y el PSOE deben influir con toda su fuerza en los socialistas catalanes y reconducir su línea política, que nunca ha de cruzar la frontera del catalanismo para caer en el precipicio del nacionalismo catalán.

En definitiva, la sentencia no deja ninguna duda en la reafirmación de varios pilares fundamentales de la Constitución de 1978:

1.- Que la soberanía reside en el pueblo español. El pueblo español es un todo indisoluble y no una mera suma de partes diferenciadas.

2.- Que la única Nación es la española. Como correlato, no va a existir relación 'de igual a igual' entre Cataluña y España, porque no son naciones diferentes desde el punto de vista jurídico.

3.- Que la preeminencia de la Constitución Española no se discute. Las leyes catalanas -incluídas las referidas a los idiomas castellano y catalán- estarán sometidas a lo que determine, en cada caso, nuestra carta magna. Asimismo, el Poder Judicial es único para toda España y no es divisible en su función jurisdiccional ni en el establecimiento de sus órganos y autoridades judiciales rectoras.

Cuando esto esté absolutamente interiorizado por las fuerzas políticas catalanas, y a medida de que las fechas electorales se acerquen, el pataleo y la sobreactuación que veremos en estos próximos días por parte del gobierno tripartito de la Generalitat y de los partidos nacionalistas bajará de intensidad, y las aguas de la política catalana volverán a discurrir por los cauces normales, porque en Cataluña existe una sociedad democrática madura que conoce cuáles son las primigenias reglas de juego que nos dimos con el pacto constitucional y que nunca ni nadie debe dinamitar.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

En 1976, las cortes franquistas, las de los procuradores nombrados por Franco, aprobaron la ley para la reforma política. Dicha ley fue sometida a referéndum sui generis el 15 de diciembre, con las cárceles repletas de presos políticos, los partidos y sindicatos ilegalizados, imposibilidad de hacer campaña por el NO y las calles hirviendo de enfrentamientos con la policía que se empleó con la acostumbrada dureza. Todos los partidos democráticos pidieron la abstención y el lema más coreado fue VOTA SÍ, VOTA NO, ES IGUAL, DA LO MISMO, VOTAMOS AL FASCISMO.

Como cabe esperar, el gobierno de entonces proclamó la victoria del SÍ. En aplicación de esa ley se convocaron elecciones el 15 de junio de 1977, con todos los partidos a la izquierda del PCE ilegalizados. Dichas elecciones no lo fueron en ningún momento para una asamblea constituyente, 50 senadores fueron nombrados por el rey a dedo y todo el proceso electoral se desarrolló de acuerdo con el ordenamiento jurídico franquista adaptado. Las cortes que surgieron decidieron elaborar una constitución, constitución que no podía sobrepasar los límites que el ejército impuso bajo amenaza de golpe de estado, entre ellos la imposibilidad de optar por una república y la obligada por la fuerza unidad territorial. El artículo 8 fue redactado en los cuarteles y así lo recogió en sus memorias el que fuera presidente de la ponencia constitucional, Solé Tura, que narra como en el transcurso de los trabajos a puerta cerrada, se recibió un sobre de la zarzuela (o moncloa, no recuerdo bien) en el que se ordenaba la inclusión en el texto de ese aberrante artículo sin posibilidad de discusión.

Todo el entramado jurídico-constitucional actual proviene, por tanto, de ese proceso, inspirado siempre en la legalidad franquista y llevado a cabo según la misma, sin ninguna, y repito ninguna, referencia a la constitución de 1931 cuya derogación de facto por los golpistas de 1936 y su sustitución ilegítima por el poder franquista se asumió desde el primer momento.

No hubo asamblea constituyente elegida por el pueblo, no hubo poder constituyente soberano, es decir, poder sin más límite que él mismo, sino sometimiento a las leyes franquistas, y, por último, hubo un tutelaje permanente por parte del ejército franquista para evitar cualquier propuesta que alterara la esencia del poder heredado.

Las rígidas normas de reforma constitucional que se incluyeron no son más que la expresión de ese miedo a que un día el pueblo pudiera de verdad votar lo que quisiera. La constitución de 1978 no es más que otra ley franquista que incluye la cláusula derogatoria general que contiene cualquier ley, hasta los decretos.

Por eso, ahora, hace falta una verdadera asamblea constituyente, sin más límite que el popular, para elaborar una verdadera constitución democrática

Javier dijo...

Estoy de acuerdo con Anónimo en todo el recorrido histórico que describe. También en que la rigidez establecida para la reforma constitucional de algunos artículos esenciales es una dificultad exagerada. Pero, aun así, si la ciudadanía española quisiera reformar la CE -lo veremos pronto cuando se permita reinar a las mujeres-, hoy nadie podría detenerla porque hemos alcanzado un grado de libertad y democracia que no tiene marcha atrás, salvo por medios militares como en 1936.
Por otro lado, la CE no es de interpretación absoluta en muchos de sus preceptos y, como demuestra el Tribunal Constitucional con sus sentencias, se va acoplando paulatinamente a la evolución de la sociedad.
Ahora, pienso, lo importante ya no es mirar hacia atrás sino conseguir que esta CE que tenemos nos sirva para hacer posible nuestra convivencia en libertad y democracia y que tanto los derechos fundamentales como los económicos-sociales estén garantizado y podamos disfrutar de ellos. Siempre difícil que esto sea así absolutamente, pero esa debe ser la tendencia.
Gracias por su comentario. Saludos.

Anónimo dijo...

No hace falta ser catalán para entenderlo: del Parlament (que representa al pueblo catalán) emana un proyecto de Estatut; en el Congreso y en el Senado Nacional (español, aunque me joda tragarlo así) peinan y maquillan el Eatatut, para finalmente aprobarlo. El Estatut es sometido a referendum al pueblo catalán, que lo aprueba. Luego, a instancias del PP, es llevado al Tribunal Constitucional (un grupo de jueces caducados, impugnados y manipulados) que lo cambian a la medida de la Constitución Apolillada que en la pseudotransición nos vendieron. Mientras tanto en el otro partido estatal "el Psoe", ven en el fondo la labor hecha, como Pilatos el "maquinero".----Estos nacionalistas españoles!!!!!!.