Por fin, el gobierno socialista ha conseguido poner en marcha la reforma (o mejor, el recorte) laboral, sometiéndose a las directrices de los mercados, de los organismos económicos internacionales, las presiones de los empresarios, las de los grupos de interés de derechas y a las que le impone la UE.
Verdad es que las que vienen de Europa, a mi juicio, no son más que las decididas entre todos los miembros del club que, voluntariamente, hemos contribuido a crear. Otra cosa es la calidad democrática de las instituciones que imponen sus medidas a los estados de la UE, pero esto es harina de otro costal.
La realidad es que el Congreso de los diputados aprobó ayer el Decreto ley con los 168 votos -el diputado Antonio Gutiérrez, ex-secretario general de CC OO, se ha abstenido- del grupo socialista. La norma que entra en vigor inmediatamente, será tramitada como Proyecto de ley en las Cortes, y se prevé que no antes del próximo mes de octubre pueda estar promulgada como tal y con las modificaciones que se incluyan por los grupos parlamentarios. Con esta estrategia, el PSOE va a obligar a que todos y cada una de las formaciones que representan a los españoles en las Cortes, se 'retraten' y expresen sus políticas y lo que piensan para atajar la sangría de paro que nos inunda.
Sin embargo, lo peor de todo esto es el tiempo perdido -al que hay que añadir el de tramitación de la nueva ley-, con unas negociaciones entre sindicatos y patronal que no han dado frutos porque la CEOE nunca tuvo en su mente la idea de negociar verdaderamente. Solo fue a la mesa a cumplir la estrategia del PP y los grupos afines, es decir, alargar el tiempo de las decisiones para que la crisis se fuera cociendo a fuego lento, terminara por abrasar al Ejecutivo socialista y la necesidad le obligara a ceder a sus planteamientos. De lo contrario, nunca hubiera permitido que un representante como Díaz Ferrán, ejemplo palmario de lo que no debe ser un empresario, presida la organización en la que se encuadran los grandes patronos de la economía nacional.
Veremos si la reforma tiene éxito. Deseamos que así sea aunque las dudas al respecto son generales. En todo caso, ocurrirá lo de siempre: los trabajadores pagarán los platos rotos por esos desalmados especuladores financieros y gurús neocon que todavía ejercen su inmensa influencia en las grandes corporaciones económicas.
Quizá, alguna vez, podamos ver cómo desde las mismas instancias políticas que se atreven con múltiples recortes para los trabajadores, se acometen las muy necesarias reformas empresariales que nunca vienen, porque empresarios, empresarios... pocos y malos. No son profesionales, no están formados, carecen de códigos éticos. Solo piensan en el rendimiento rápido y fácil. No tienen vocación empresarial.
Y mientras todo esto ocurre, aquellos buenos propósitos del G-20 que anunciaba la regulación del sistema se han debilitado. Este próximo fin de semana se reúne en Toronto (Canadá). Si no hay una decisión clara y rotunda sobre la implementación de una regulación global sobre las corporaciones financieras y sus actuaciones especulativas, estaremos gestando la próxima gran crisis económica. ¿Tal vez comience en China, en esta ocasión?
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