La huelga de los transportistas españoles iniciada esta pasada madrugada como protesta por la fuerte subida de los carburantes está paralizando el país.Los camioneros han bloqueado la frontera con Francia por Irún y La Jonquera y las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia sufren grandes dificultades de circulación en sus accesos debido a la acción de los transportistas que están impidiendo el tráfico normal de vehículos.
Centros estratégicos como son los grandes mercados de las ciudades y las gasolineras están quedando desabastecidos porque los camiones de distribución de mercancias no circulan.
Además, la situación se agrava respecto al abastecimiento de pescado debido a que también los pescadores -tanto los de altura como los de bajura- han amarrado a puerto sus barcos porque el alza del precio del gasóleo no hace rentable su actividad.
El Ministerio de Fomento está negociando con los representantes de los huelguistas -asociaciones de empresas de transportes y transportistas autónomos-, si bien el margen de maniobra no parece demasiado amplio, puesto que no depende del Gobierno el imparable alza del precio del petróleo fijado por el mercado internacional, ni gran parte del impuesto que se aplica a cada litro de carburante debido a que se fija por Bruselas. Escapan también a la competencia de la Administración española otros aspectos como son los contratos -generalmente anuales- establecidos entre los cargadores y los mismos transportistas, que han visto cómo se desbordaban sus expectativas de negocio en un corto periodo de tiempo por el rápido incremento del precio del gasóleo.
Tampoco puede el Gobierno establecer tarifas fijas mínimas vinculadas al precio del carburante -una de las reivindicaciones de alguna organización de transportistas-, ni subvenciones directas o encubiertas sobre el litro de carburante porque esta medida iría contra la Política Común de la Libre Competencia fijada por la Unión Europea.
Así pues, el Ministerio de Fomento está firmando acuerdos con la mayoría de los representantes de los transportistas -federaciones que representan a más del 80% de los huelguistas- en temas relacionados con su competencia como son las cuotas a la Seguridad Social, la jubilación anticipada, las ayudas a futuras reconversiones de las flotas de vehículos... Sin embargo, las organizaciones que representan a los huelguistas no desconvocan la huelga.
Lo curioso de conflictos como el de los transportistas es que, siendo ellos empresarios o autónomos que se rigen por contratos mercantiles -no por contratos laborales-, utilicen la huelga, un instrumento de protesta contundente propio de los trabajadores asalariados, para que sus negocios sean viables.
El debate está ahí, aún no resuelto: ¿Libertad de mercado sí o no? ¿Por qué no se rigen sus relaciones mercantiles por el juego de la oferta y la demanda entre cargadores y transportistas? ¿O debe considerarse como servicio público esencial y, entonces, ha de estar tutelado e, incluso, intervenido por el Estado? ¿Debe el Estado acudir a la ayuda de este sector empresarial cuando se ve en dificultades? ¿Qué pasa cuando los beneficios de estos empresarios son tan sustanciales? ¿Para cuándo un cambio en la política de transportes en España dando más protagonismo al ferrocarril y al barco?
La polémica está en la calle. La certeza es que, finalmente, seremos todos los consumidores quienes paguemos el coste del conflicto, tanto por vía de presupuesto público como por la repercusión que las medidas han de tener en el alza de los precios de los productos, que elevará un escalón más la ya alta inflación en España.
4 comentarios:
Los autónomos no transportistas no podemos salir en huelga porque nos acabamos de arruinar. Hacer huelga para que el negocio vaya bien con la ayuda del Estado. Así cualquiera pone un negocio de camiones. El riesgo empresarial es mínimo: cuando la cosa va bien, a llenar las arcas. Cuando el negocio va mal se le piden subvenciones a la Administración.
Pienso que los transportistas también tienen derecho a recibir las ayudas del Estado que se puedan conceder. Ellos también pagan impuestos, y muchos.
Más indecente es que haya Gobiernos que conceden importantes ayudas a grandes bancos, eléctricas, ahora tal vez a constructuras, etc., para que no se hundan sus negocios, mientras que a los demás, si quiebran, nadie les echa una mano.
Es inconcebible que sólo dos organizaciones empresariales que no representan más allá del 15% de todos los transportistas tengan parada a toda España.
Siempre ocurre lo mismo: los radicales y quienes emplean la fuerza se imponen a todos los demás en todos los conflictos.
Si me voy al paro por culpa de estos delincuentes me acordaré de sus madres durante toda la vida. Las fábricas quieren aprovechar la circunstancia para hacernos EREs reducidos. Espero que las autoridades laborales no lo admitan.
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