El magistrado instructor Luciano Varela, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha decidido sentar al juez Garzón en el banquillo, acusado de prevaricación en el caso de la investigación de los crímenes del franquismo. Garzón está incurso, también, en otras dos causas más: autorización de escuchas a abogados de imputados en la trama Gürtel y el caso de los cobros por los cursos impartidos en Nueva York.
Tres organizaciones minoritarias consideradas de ultraderecha, el sindicato Manos Limpias, la formación Falange Española y de las JONS y la asociación Libertad e Identidad fueron las denunciantes del juez Garzón que pueden llevarlo a ser condenado a una pena de inhabilitación de hasta 20 años.
Lo que subyace detrás de estas denuncias son dos asuntos que ponen contra la pared a todo el aparato franquista que todavía permanece en algunas estructuras del poder, y a la derecha española -heredera sociológica de la dictadura-, involucrada en el caso Gürtel, la trama de corrupción política más importante de la democracia española. Es precisamente el atrevimiento de Garzón por investigar los crímenes del franquismo, considerados por la justicia internacional dentro del tipo penal de crímenes contra la Humanidad, que nunca prescriben, y la mencionada trama Gürtel de corrupción dentro del Partido Popular lo que puede a llevar a este juez a la inhabilitación.
Cuando Garzón investigaba el Gal y los casos de corrupción del Partido Socialista en los años noventa, la derecha aglutinada alrededor del Partido Popular lo jaleaba y apoyaba sin fisuras. Fue determinante su actuación para que el PP alcanzara el poder en 1996. Cuando le ha tocado investigar casos que afectan a esta derecha que aspira a volver a gobernar España, la caza y captura de este juez se ha convertido en su principal obsesión, porque "Roma no paga traidores".
Sin embargo, los movimientos en favor de Garzón son abundantes porque la sociedad española sabe que si este magistrado es condenado, la justicia española terminará por estar maniatada y ningún otro juez se atreverá a investigar casos de la envergadura citada.
Por otro lado, la percepción mayoritaria del pueblo español sobre la situación de la Justicia, según las últimas encuestas, es muy negativa. Se considera que no se ha hecho la transición en este llamado tercer poder, donde la mayoría de jueces y magistrados que ocupan los altos cargos son muy conservadores e, incluso, filofranquistas. Pero, además, los españoles perciben que la Justicia no es igual para todos como prescribe la Constitución de 1978.
La reforma de la Justicia en España es una necesidad imperiosa, comenzando por la reforma política, separando a jueces y magistrados que siguen mirando por el espejo retrovisor del pasado impuesto por la dictadura. Después hay que acometer la reforma administrativa y de dotación de medios modernos que permitan una justicia ágil y rápida. Mientras tanto, los ciudadanos tendremos que seguir soportando la popularmente llamada madición del gitano: "tengas pleitos... y los ganes".
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