La Justicia española en el banquillo

El asesinato de la niña onubense M.L.C. ha puesto en entredicho el funcionamiento de la Justicia en España.

La detención en Cuenca de S.V.G., de 53 años, presunto autor de la muerte de la niña, ha destapado una serie de fallos de la Administración Judicial, en relación con la aplicación de las sentencias y demás resoluciones que recaían sobre el detenido desde años atrás.

El imputado había sido condenado en 2002, y en firme por la Audiencia Provincial de Sevilla a dos años y nueve meses de prisión, el 31 de diciembre de 2005, por abusar sexualmente de su propia hija de cinco años entre la primavera de 1998 y abril de 1999. La Junta de Andalucía le retiró la custodia de la niña. La sentencia de cárcel no ha sido cumplida.

Mientras tanto, en julio de 2003, persiguió a una niña de nueve años en Sevilla de la que intentó abusar en el portal de su casa, acción que vio una mujer que denunció los hechos. Fue detenido días después. Por este delito fue condenado a dos años de cárcel, pena que el juez le suspendió provisionalmente, por no tener antecedentes firmes, durante un plazo de tres años, en cuyo caso se libraría de la cárcel si no volvía a delinquir en este espacio de tiempo.

Pero S.V.G. seguía actuando como si nada hubiera ocurrido. Se desplazó a Gijón con su esposa y amenazó y acosó a otra niña de 13 años para que tuviera relaciones con él. Había contactado con ella a través de un anuncio en la revista Telenovela, haciéndose pasar por un adolescente para establecer amistad. Tras ser denunciado por la familia de la joven, la policía le detuvo y el juez dictó contra él una orden de alejamiento.

Los abusos de la niña asturiana debieron haber llevado al pederasta a la cárcel porque se produjeron dentro de los tres años de suspensión provisional de la segunda condena por abusos sexuales a la niña de Sevilla, pero el delincuente nunca entró en prisión.

El presunto asesino de M.L.C. regresó a la capital hispalense donde se instaló en una chabola en mitad de la calle. Pidió una vivienda al Ayuntamiento de esta ciudad y apareció en los medios de comunicación exigiendo este derecho. Fue denunciado por diversos hurtos que cometió mientras se encontraba viviendo en la chabola citada.

En diciembre de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sevilla le impuso como medida cautelar por tocamientos a otra menor, la obligación de presentarse ante un juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Cumplía regularmente con esta obligación, de tal forma que la última vez que lo hizo fue en Cuenca el pasado día 3 de marzo, mientras el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla lo tenía en paradero desconocido.

Simultáneamente, es denunciado por un juez de Gijón por estafa debido a que intentó vender la vivienda que había alquilado en esta localidad. Fue detenido y puesto a disposición judicial, pero nadie se percató de que sobre este individuo pesaban dos condenas por abusos sexuales y una orden de alejamiento por hechos similares por lo que es puesto en libertad.

Como no consiguió la vivienda demandada al Ayuntamiento sevillano, a finales de 2007 S.V.G. se desplazó con su esposa a la casa donde habían residido sus padres ya fallecidos, en Huelva, en la que también vivía su hermana.

Tras la desaparición de la menor, M.L.C., las investigaciones iniciales se centraron en S.V.G. que vivía cerca de la familia de la niña. El ahora detenido se convirtió en el principal sospechoso. Huyó de Huelva a Granada donde se alojó en casa de un familiar. La policía le detuvo e interrogó, pero no pudo retenerlo porque no tenía pruebas de que fuera el responsable de la desaparición de la niña onubense, y en el ordenador de la policía no constaban deudas pendientes con la justicia.

Finalmente se desplazó a Pajaroncillo, en la provincia de Cuenca, donde finalmente ha sido detenido acusado de un delito de asesinato y contra la libertad sexual en la persona de la niña M.L.C. También han sido imputados por estos actos criminales su esposa y su hermana.

Vistos los hechos, ¿cómo podemos explicarnos tantos fallos continuados en la Administración de Justicia? ¿Es que los jueces no tienen medios para controlor sucesos como este? ¿No disponen de registros informatizados que puedan cruzarse y detectar estas anomalías? ¿Tampoco la policía tiene instrumentos de control para destapar casos como el que nos ocupa?

La sociedad demanda que se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Existe la percepción de que los fallos, las imprudencias e incluso las acciones delictivas producidas por los jueces acaban en la más absoluta impunidad, hasta tal punto que para mucha gente la judicatura se ha convertido en una casta que escapa a los controles de la ley. Puede que solo sea un caso aislado y excepcional; sería lo deseable, pero el actual Consejo General del Poder Judicial -que se ha preocupado más de la política que de sus verdaderas funciones en estos últimos años- debe actuar con diligencia y decisión, y llegar hasta el final en este asunto para que la Administración de Justicia vuelva a recuperar el grado de credibilidad que permita a los ciudadanos confiar en ella. Tarea difícil pero absolutamente necesaria.

Mientras tanto, la Justicia permanecerá en el banquillo de los acusados con los ojos cerrados y la balanza en su mano a la espera de que la sociedad emita un veredicto de condena o absolución.