Juicios por corrupción contra el PP

El PP sabía que no podría aguantar el desgaste político al que le iba a someter la opinión pública cada vez que apareciera la foto del expresidente de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares, y exministro del gobierno de José María Aznar, Jaume Matas, sentado en el banquillo como procesado por presunta corrupción por el llamado caso Palma Arena.

(En las fotos, arriba, Matas declarando ante el tribunal y, a la derecha, sentado en el banquillo con su abogado)

Lo mismo se podría presumir cuando el expresidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PP en esta comunidad autónoma, Ricardo Costa, se vieran  en la foto sentados en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en el caso de los trajes -peccata minuta- pero, sobre todo, por el caso Gürtell donde, además del presunto delito de enriquecimiento personal de varias personas vinculadas directamente al PP, se va a juzgar el presunto delito de financiación ilegal del partido, verdadero asunto importante de estos procesos.

(En la foto de la izquierda, Camps declarando ante el tribunal. En la de arriba, a la derecha, Camps y Costa con sus abogados)

¿Dos presidentes de CC. AA. en el banquillo, un día tras otro, y así durante dos meses cada uno? Esto es demasiado, debió pensar Trillo y el resto de la cúpula del PP tiempo atrás. Así pues, algo había que hacer para paliar los efectos de degradación del Partido ante la opinión pública que podría dificultar el acceso al poder y, para ello, establecieron la siguiente estrategia:

1º) Dado que también otros partidos, en especial el Psoe, tienen casos de corrupción en sus filas, lo mejor es poner a funcionar el ventilador. Y así lo hicieron con el caso de los Eres contra la Junta de Andalucía y el caso Faisán contra Alfredo Pérez Rubalcaba y, más recientemente, el caso Campeón contra José Blanco, todos ellos 'el chocolate del loro' en comparación con los dos casos anteriores. Además, para que la gente de Sálvame Deluxe esté entretenida y se olvide del PP, le soltamos la carnaza del caso Iñaki Urdangarin y del Instituto Nòos, que se enfoca desde la perspectiva que más gusta al servil pueblo, la de un aristócrata corrupto -lapidémoslo- pero no desde el punto de vista de la corrupción de los dirigentes del PP en Baleares en el caso Palma Arena. 

Y, por si fuera poco -han pensado los dirigentes del PP-, sentamos en el banquillo también a Baltasar Garzón, el juez que se ha atrevido a levantar el caso Gürtell y ha osado procesar al franquismo por los asesinatos producidos por la dictadura -algunos datos fijan en 150.000 los asesinados-, especialmente por aquellos muertos 'despachados' a base de tiros a las zanjas/sepulturas de las cunetas de las carreteras y de las fosas cercanas a las tapias de los cementerios después de haber ganado la guerra, sin juicio justo, dejándose llevar por el odio, aplicando la venganza y dando forma material a la limpieza ideológica, establecida como estrategia política por el nuevo régimen fascista. Y no tenemos reparo en diferir mucho los casos Mata y Camps -se dijeron los jerifaltes 'populares'-, haciéndolos coincidir con los casos Garzón y Urdangarin, mucho más fáciles de instruir, para que se debiliten los efectos negativos que nos afectan. 

(Foto anterior, arriba a la izquierda, Urdangarin con Matas. En la foto de la derecha, Garzón ante el Tribunal)

2º) Constatación: la cúpula judicial es políticamente de derechas. El Tribunal Supremo, con su presidente Carlos Dívar a la cabeza -del Opus Dei, Dios nos ampare-, y en especial su Sala de lo Penal, es de derechas, derechas, derechas... El Consejo General del Poder Judicial, presidido por el mismo personaje, es de derechas, salvo varios consejeros que no se puede decir sean de izquierdas, aunque eviten manifestarse como de derechas. El 70% de los jueces adscritos a asociaciones profesionales lo están a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de derechas de toda la vida, y sin complejos; el resto a otras más moderadas, pero no precisamente manifiestamente de izquierdas. Mientras tanto, el país, sociológicamente, puede considerarse, aproximadamente, como mitad de izquierdas, mitad de derechas, según se deduce de las muchas elecciones democráticas que hemos celebrado desde la muerte del dictador. Urge aquí hacer la Transición que no se ha realizado en este llamado Tercer Poder desde hace 35 años. Y luego dicen los palmeros de la TDT de la derecha extrema que los socialistas mataron a Montesquieu...

3º) Para evitar la caída de valoración del PP por parte de la opinión pública en los meses anteriores a las elecciones autonómicas y locales (22 de Mayo de 2011) y legislativas (20 de Noviembre de 2011), hay que enredar en los procedimientos -recursos, reprobación de jueces, peticiones de pruebas no adecuadas, aplazamientos- para que nunca uno de estos juicios se celebre antes de tales comicios. Y así lo han hecho.

4º) Conseguido el objetivo de retrasar los juicios y una vez alcanzado todo el poder local, autonómico y nacional, y dado que es imposible aguantar el nivel de confianza de la ciudadanía por estos casos de corrupción y por los recortes draconianos que vamos a hacer -piensan los estrategas 'populares'- para mayor gloria y honra de los poderes económicos, lo mejor es sufrir la purga del aceite de ricino que hemos de tomar durante el primer trimestre del año 2012. 

Para hacer más leve la herida de la credibilidad del PP -han pensado los 'sabios populares'-, construimos un totum revolutum haciendo coincidir en el tiempo, es decir, concentrando todos los juicios en estos meses, así como las grandes decisiones de recortes económicos y sociales del Gobierno.  Conclusión: no tenemos reparo en diferir ad eternum la instrucción de los casos Mata y Camps, con la vista puesta en hacerlos coincidir con los casos Garzón y Urdangarin -que nunca debieron tardar tanto por ser mucho más fáciles de instruir-, para que se debiliten los efectos negativos que nos afectan.

 Y el resultado ha de ser, indefectiblemente, magistral. Por un lado, los casos alternativos de Garzón, Urdangarin... detienen la sangría en la herida de los casos de corrupción del PP. Asimismo, unos y otros -los juicios y los recortes económicos y sociales que desgastan a los 'populares'- hacen de bálsamo recíproco: los juicios por corrupción olvidan los recortes y, viceversa, las reformas económicas olvidan el tema de la corrupción.

Miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

 Consideración final: los estrategas del PP están en su papel. No tienen sentido democrático y no les importa manipular en su provecho las instituciones, incluido el Poder Judicial. Y, como lo han manifestado públicamente en muchas ocasiones, lo hacen "sin complejos". Pero, por otra parte, las cúpulas de este llamado Tercer Poder, impregnado hasta la médula por elementos de extrema derecha y franquistas -todavía quedan algunos que juraron los Principios del Movimiento al acceder al oficio de juez y no han renunciado expresa y públicamente a ellos- tienen una gran responsabilidad, porque han aceptado, han asumido, convivido y aplicado esa estrategia bien elaborada por los expertos del PP. En definitiva, todos están en el mismo carro que no es, precisamente, el carro de la democracia. Como dice la canción, hace tiempo que "ese carro me lo robaron..." El carro lo ha robado el PP. El carro lo tiene en su poder la Derecha 'patriótica' de siempre. Y el españolito de a pie, sin inmutarse, oiga. 

¡Gracias, Carlos! por tu defensa de la Democracia

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El ex-fiscal Carlos Jiménez Villarejo hizo ayer, en el acto organizado por los sindicatos CCOO y UGT en la Universidad Complutense de Madrid en defensa del juez Garzón, un rotundo alegato a favor de la Democracia, del Estado de derecho y de la Justicia en España.

La intervención de Carlos Jiménez Villarejo ha sido enérgica, dura, pero plena de argumentos fundados en los principios democráticos. Que nadie se equivoque: aquí no está en juego el hecho de que un juez más o un juez menos sea suspendido de sus funciones por presunta prevaricación. Aquí lo que nos jugamos es que un reducto franquista, con mucho poder en ciertas estructuras importantes del Estado, doblegue al Poder Judicial apoyándose en algunos magistrados que comulgan con sus ideas fascistas y que aún están incrustados en esas poderosas instituciones.

Si esto llegara a ocurrir, el melón de la impunidad para estos grupos fascistoides y para aquellos otros pertenecientes a la delincuencia organizada, a los poderosos económicos... quedaría abierto y a su merced. ¿Qué juez se atrevería a investigar casos como la trama Gürtel, los crímenes de lesa humanidad, los presuntos delitos de tráfico de drogas, las mafias...?

Si la Justicia emana del pueblo, ya es hora de que se acometa la democratización del Poder Judicial, una de las asignaturas pendientes de la Transición española. Es urgente.

Mientras tanto, ¡muchas gracias, Carlos!

¡Viva la red!

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno trata de dar carta de naturaleza al cambio de modelo productivo para España. Uno de los pilares básicos es la llamada 'Ley Sinde' contra la piratería en Internet. De este aspecto tan importante para la pervivencia de la red, y la libre utilización de los contenidos que se coloquen en ella, nada se ha hablado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete celebrada en Sevilla.

La norma, cocinada en el Ministerio de Cultura bajo la responsabilidad de la ministra Ángeles González-Sinde, va a ser de capital importancia para que la red siga existiendo. El conflicto de derechos entre la libertad de expresión y el derecho a la información por un lado, y el derecho a la propiedad intelectual por otro, está en el meollo de la cuestión. Pero lo fundamental es que los creadores y, sobre todo, la industria cultural, van a ver mermados sus ingresos dinerarios si continúan anclados en el sistema anterior a la existencia de la red.

El Gobierno español y los demás gobiernos deben plantearse seriamente si creen en Internet como la gran revolución cultural del siglo XXI o regresan a lo que ya es pasado, sometiéndose a las voluntades de algunos grupos de presión y de alguna industria multinacional del ramo. Por otra parte, es preciso cambiar de paradigma: la cultura como factor que eleva la dignidad de las personas nunca debe estar subordinada, como ahora ocurre, a la industria de la cultura. Debe quedar claro que lo sustantivo ha de ser el contenido del término 'cultura' y no el de la expresión 'industria' como nos han impuesto los poderes económicos. Se pueden conciliar ambos intereses y esa debe ser la tarea de la política, pero, en caso de conflicto, es absolutamente necesario que predomine el primer factor sobre el segundo para que la persona sea más libre.

En definitiva, es inevitable que la industria cultural y los creadores afectados piensen en acometer su propia reconversión -Internet es, precisamente, su gran oportunidad-, como ha ocurrido con otros muchos sectores de la economía en particular y de la vida en general. Para ello, si son precisas ayudas públicas habrá que ponerlas, como se ha hecho con otros sectores productivos a lo largo de los años.

Y, aprovechando la oportunidad, viene a cuento recordar que quien se postula como progresista no puede comportarse como conservador de sus privilegios cuando le afectan a su bolsillo, a costa de cerrar las puertas al imparable avance cultural de toda la sociedad. Entre otras cosas porque la creación pura no existe: la idea artística es un efecto del conocimiento, no es ciencia infusa que el Espíritu Santo o las musas graban en la mente del artista. El conocimiento es proceso acumulativo, es construcción, es modificación y valor añadido sobre lo existente. Un estudio teleológico del mismo nos llevaría a fechas cuatro millones de años atrás. No queremos regresar a la caverna de Platón donde las sombras pueden parecer la pura realidad, ni siquiera al ya pasado siglo XX. Inventemos, de nuevo, el Siglo de las Luces.

La dignidad de Hannah Jones

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Tiene destrozado el corazón debido a los duros tratamientos de quimioterapia. Enferma de leucemia desde los cinco años de edad, necesita urgentemente un transplante de corazón. Si antes de seis meses no lo consigue morirá. Aún consiguiendo el nuevo corazón y que éste sea compatible, no está garantizada su supervivencia porque la operación es muy arriesgada. Además, los médicos tampoco pueden asegurar que el cáncer vaya a detenerse. Ésta es la situación dramática de una niña inglesa de 13 años. Se llama Hannah Jones.
Su caso y su figura ha dado la vuelta al mundo porque, cansada de tanto sufrir, cansada de luchar contra lo imposible, ha decidido vivir -que no morir- dignamente lo que le quede de vida. Con una serenidad y aplomo admirable, ha declarado a los médicos y autoridades judiciales que desea vivir en paz, en casa, pasar las Navidades con los suyos, lejos de todos esos tratamientos agresivos que enfermedades como las que padece exigen.
El hospital y la oficina de atención al menor, convencidos por los argumentos de la niña, han decidido abandonar el proceso legal por el que pretendían abligarla a someterse a la arriesgada operación.

Los padres de Hannah asumen la decisión de su hija, si bien, mantienen la esperanza de que cambie de opinión.

La sociedad de la información que inunda nuestras vidas enseguida ha hecho de este caso un objeto de debate moral, ideológico y jurídico. El problema que se plantea sobre el derecho a una muerte digna se complica, puesto que el protagonismo viene de una adolescente menor de edad, aunque su decisión sea respetada por sus padres. La pregunta que surge es: ¿se puede defender que tenga más valor la decisión de una persona menor de edad que la de los médicos y autoridades judiciales?

Es difícil comprometerse con una opinión ante un caso tan especial y tan grave. No tenemos la experiencia de la niña y de sus padres que llevan años soportando esta dramática situación. Por eso, si los padres han confiado en la madurez de Hannah y apoyan su decisión, lo menos que podemos hacer los demás es mostrar el mismo respeto, al margen de la situación de sobrecogimiento que nos embarga.

Sólo nos queda la esperanza de que alguna solución médica pueda aparecer pronto para Hannah. Pero también expresamos la esperanza de que los doctrinarios religiosos e ideólogos de siempre no hagan de éste un nuevo casus belli en favor de la imposición de sus conocidos dogmas, y dejen que la libertad individual esté por encima de esa moral conservadora tan conocida, y de la opinión parcial e interesada de sectores que sólo tratan de imponer su propio credo a todos los demás.

Ataques a la libertad de expresión

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No vamos a irnos muy lejos para denunciar algunos de los últimos atentados contra la libertad de expresión que se han materializado recientemente contra periodistas y escritores al tratar de ejercer este derecho fundamental. Lo verdaderamente sorprendente e importante es que esto se está produciendo en países formalmente democráticos.

En el centro de Zagreb, capital de Croacia, fueron asesinados el pasado jueves Ivo Pukanic, de 47 años, uno de los propietarios del semanario independiente croata Nacional, junto con su jefe de ventas, Niko Franjic. El atentado se produjo mediante bomba lapa adosada a los bajos del vehículo que pretendían utilizar.

Pukanic, que había sido amenzado, era uno periodista muy conocido y discutido en Croacia por haber denunciado diversos casos de corrupción y actividades del crimen organizado en su país, por haber criticado duramente la incapacidad del gobierno croata para acabar con estos delitos y por diversos conflictos de su vida matrimonial que habían salido a la luz.

En Italia, Roberto Saviano, de 28 años, escribió en 2006 un libro, Gomorra -todo un éxito editorial- que desvelaba los entresijos de la camorra napolitana, en concreto, sobre el clan de los "Casalesi". El libro se va a llevar al cine pero, desde su publicación, el escritor vive amenazado de muerte y con escolta.

Según ha podido saber la policía italiana, la mafia pretendía asesinarlo antes de Navidad en la autopista que une Nápoles y Roma.

El fiscal antimafia y la policía aconsejan a Roberto Saviano que abandone Italia por un tiempo. El escritor no quiere hacerlo pero piensa que no le va a quedar más remedio que seguir este consejo.

La libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos que el Estado tiene obligación de garantizar. Malo es que en los estados totalitarios no esté protegido, pero duro es tener que admitir que en países democráticos como Italia desde hace mucho, o como Croacia desde no hace tanto, los poderes públicos todavía no sean capaces de proteger este derecho que es uno de los pilares básicos del Estado de derecho y, por ende, del sistema democrático.

Bush se va con pena... de muerte

Se irá como vino, con otra pena de muerte bajo el brazo, porque el presidente de EEUU, George W. Bush, aprobaba ayer lunes la sentencia que condena a la pena capital a un soldado, Ronald Gray, que fue juzgado hace 20 años por un tribunal militar en Carolina del Norte por asesinato y violación.

La justicia militar norteamericana, a diferencia de la civil, obliga a que sea aprobada por el presidente la pena de muerte sentenciada a un militar. Fue Dwight Eisenhower el último presidente que aprobó una pena máxima impuesta a un militar en 1957, cuya ejecución se materializó en 1961. En 1962 John F. Kennedy se convirtió en el último mandatario que hubo de pronunciarse sobre una condena militar a muerte y lo hizo conmutándola por la de cadena perpetua.

El presidente Bush es el campeón de la pena de muerte puesto que en su etapa de gobernador de Texas, anterior a su acceso a la presidencia de EEUU, llevaba contabilizadas más de 150 ejecuciones, sin contar todas las que han producido sus guerras ilegales.

Nunca le tembló la mano. Y luego quiere erigirse en el gran defensor de los derechos humanos en el mundo.

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